Shakira emite un contundente comunicado tras ser acusada de nuevo por fraude fiscal: el contenido íntegro

Shakira estaría haciendo frente a un nuevo problema legal. Hoy, se ha dado a conocer que el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ha iniciado una nueva investigación sobre la cantante colombiana a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía. La acusación se basa en la presunta defraudación a Hacienda en relación a los impuestos de IRPF y patrimonio del año 2018. Ante estas nuevas revelaciones, la de Barranquilla ha emitido un contundente comunicado para dar su respuesta.

Sobre la información publicada hoy en relación a una investigación del ejercicio fiscal del año 2018 de Shakira Mebarak. Ripoll, la artista y su equipo legal desean transmitir que:

Shakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio 2018. Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación cómo la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. El equipo legal de la cantante no hará ningún comentario hasta que la notificación le llegue por los cauces formales y legalmente establecidos.

 Como es sabido públicamente, y tal y como se notificó oficialmente a la Hacienda española, desde hace unos meses Shakira reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio, de estricto acuerdo con lo que marca la Ley. Como ya se ha trasladado en numerosas ocasiones, Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales.

Esta nueva causa se suma al presunto fraude fiscal que podría haber cometido la intérprete de 'Monotonía' entre los años 2012 y 2014. Se le acusa de haber simulado no residir en España y de ocultar ingresos utilizando estructuras en paraísos fiscales. La Fiscalía sostiene que en ese primer caso, el monto defraudado asciende a 14,5 millones de euros y solicita una pena de ocho años y dos meses de prisión por la comisión de seis delitos contra la Hacienda pública, además de una multa de 23 millones de euros.