Hace cinco días, la princesa Leonor llegaba a Chile junto al resto de sus compañeros en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde permanecerá hasta el próximo mes de junio para completar su formación como guardiamarina. Concretamente en su última parada en Punta Arenas, durante su tiempo libre, la hija de Felipe y Letizia se desplazaba hasta un centro comercial en el que no pasaba desapercibida para las cámaras de seguridad del establecimiento.

Tras ver la luz dichas imágenes de forma ilegal en un medio local, salía a la luz la decisión de la embajada española en Chile, que presentaba una denuncia ante los Carabineros por la obtención de unas instantáneas sobre las que ahora se han pronunciado las galerías, aclarando lo sucedido.

Solo unas horas después de que la casa real denunciase por su presunta divulgación de las imágenes de la princesa al centro comercial de Chile, han sido los dirigentes del propio establecimiento los que han emitido un comunicado en el que han querido explicar los hechos: "La visita de la princesa Leonor, mayor de edad y reconocida figura pública a nivel mundial, se desarrolló de manera completamente privada en un espacio abierto al público. Su presencia no fue anunciada ni divulgada por este recinto", han comenzado aclarando.

En el mismo texto, han asegurado que "el recorrido realizado por su Alteza Real se llevó a cabo en condiciones de total normalidad” y han recalcado que su desplazamiento por las instalaciones fue “segura”, sin ser “abordada o molestada” y accediendo de forma voluntaria a las diferentes tiendas del lugar.

Sin embargo, han explicado que las imágenes que han circulado y en las que podía observarse a la heredera al trono entrando y caminando por el interior del establecimiento “fueron entregadas a los medios de comunicación previa solicitud a Zona Franca de Punta Arenas, con fines periodísticos", desvelando así que los responsables de la videovigilancia suministraron las mismas a los periodistas.

Ante la posibilidad de una investigación como consecuencia de la situación contraria a la normativa vigente tanto en Chile como en nuestro país, los que han hecho pública su versión también han afirmado que están “dispuestos a colaborar” si así lo requieren las autoridades o la casa real española.

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