España vive un “auge de la demanda” en el mercado de la vivienda de alquiler, como concluye un análisis reciente del Banco de España, pero esto no se traduce en una mayor oferta. Casi más bien el contrario: alquilar se ha convertido —muchas veces muy a su pesar— en la opción de vida escogida por cada vez más parte de la población mientras no aumenta el parque de vivienda. Incluso, la oferta se ha reducido en algunas ciudades por el 'boom' de los pisos turísticos.  

Alquilar es cada vez más difícil y caro, llevándose una parte cada vez más sustancial del sueldo medio de los inquilinos. La vivienda se ha ido convirtiendo en un problema candente y uno que protagoniza cada vez más protestas. Y una de esas potenciales medidas de protesta de las que se habla cada vez más es la huelga de alquiler.  

Pero ¿de qué hablamos exactamente cuándo se recurre a la huelga de alquiler? Es, como explica Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, “una herramienta de desobediencia colectiva que consiste en dejar de pagar el alquiler que nos parece injusto”. Si una huelga laboral implica no presentarse en el puesto de trabajo, una de alquileres supone no pagar al casero. El qué se deja de abonar varía, eso sí. Racu lista que puede suponer “dejar de pagar las cláusulas abusivas, o el alquiler” o hacer “una autorreducción de alquiler”.  

El problema del alquiler no es algo que solo afecta a los jóvenes, apuntan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ni “tampoco una cuestión entre caseros e inquilinos”. Cada semana, pasan por su sede decenas de personas con problemas de vivienda. El sistema actual empobrece a quienes necesitan una vivienda, pero no pueden acceder en propiedad a ella, señala Racu, y, en ese contexto, “la huelga tiene mucho potencial”.  

“Mucha gente está dispuesta a sumarse”, apunta. En Madrid, hay una en marcha entre quienes viven en pisos del fondo Nestar, pero Racu confirma que ya se están organizando comités de huelga en Andalucía, Cataluña y Aragón. “Lo más importante es organizarse”, afirma.  

En realidad, las huelgas de alquiler no son nada nuevo, ni siquiera en España. En 1931, unas 100.000 familias de Barcelona se sumaron a una, protestando por los elevadísimos precios que tenían que pagar por sus casas. La ciudad había recibido nuevos habitantes, los precios de los alquileres se habían disparado y la economía (recordemos que era justo tras el crac del 29 y la recesión global que lo siguió) se había precarizado. Pagar el alquiler era cada vez más difícil para más gente. Los huelguistas resistieron meses.  

Racu apunta que lograron que los precios bajasen a la mitad. “Las huelgas de alquiler han funcionado en varias ocasiones y siguen funcionando”, señala, recordando que también las hubo a lo largo del siglo XX en Sevilla, Buenos Aires, Ciudad de México y algunos lugares de Europa.  

Toronto acaba de vivir una durante un año y medio (han ganado los inquilinos) y varias ciudades de Estados Unidos lo están haciendo ahora. En EEUU, este tipo de huelgas son legales. “Se entiende que, si el casero no cumple su parte o se está aprovechando de la situación, las inquilinas tenemos derecho a defendernos”, explica.  

Esa es posiblemente la mayor diferencia que presenta ese último caso frente al español. En España, las huelgas de alquileres no son legales. Racu señala que, a pesar de eso, sí serían legítimas, dada la situación extrema del mercado inmobiliario. Su potencia justamente reside en eso, en que no importa la legalidad de la herramienta sino su necesidad, insiste.  

“La Ley de Arrendamientos no tiene ningún tipo de mención y no valora la posibilidad de una huelga”, señala Tomás Felipe de Pedraza, abogado de Legálitas. Lo único que sí está regulado es la existencia de zonas tensionadas, una de las últimas incorporaciones de la Ley de Vivienda. Aun así, deben ser las comunidades autónomas las que se acojan a ello y pidan iniciar esa declaración para que exista: en la web del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ahora mismo solo aparecen municipios de Cataluña. Según explica de Pedraza, una vez que se ha declarado un área como zona tensionada se ponen topes de precios que se tienen que respetar, “pero no es que sea una huelga”.  

El abogado apunta que el activismo podría ser “un toque de atención” sobre las tensiones del mercado y recuerda el eco de las protestas de estos meses, pero eso no debe hacer perder de vista la normativa. En España, solo puedes dejar de pagar el alquiler en casos eventuales y “muy justificados”. Por ejemplo, si el piso que alquilas deja ser habitable puedes dejar de pagarlo.  

En el resto de los casos, si no pagas te arriesgas a un desahucio. El proceso ante impago puede seguir dos vías, como explica de Pedraza. Puede que el casero te envíe antes que nada un burofax reclamando el pago (y si pagas, se para el proceso). O puede que inicie una demanda judicial. Si lo hace sin haber enviado el burofax, se entiende que es como si no te hubieran avisado y puedes pagar en el juzgado (y detener el proceso). Si no, se inicia el juicio.  

El desalojo no es inmediato y el proceso se puede prolongar en el tiempo (en algunos juzgados con más carga más que en otros), pero si no estás en una situación de vulnerabilidad te echarán en menos meses. Para que se entienda que hay una situación de vulnerabilidad (y que el proceso duré mucho más), de Pedraza recuerda que debe existir un informe de Asuntos Social que lo identifique.  

Además, te arriesgas a tener que asumir las costas del proceso y los gastos de la otra parte. Incluso cuando paralizas el proceso (por ejemplo, pagando en el juzgado), de Pedraza recuerda que te pueden exigir pagar las costas. Por ello, “tienes que valorar” todo lo que implica sumarse a la huelga.  

Por el contrario, Racu señala que este no sería “un conflicto que se ganaría o perdería a través de los juzgados”, sino “una herramienta de presión colectiva”. “Las repercusiones serían a nivel colectivo y la mejor protección es organizarse”, señala. “Una huelga de alquileres tiene sentido si es multitudinaria, como es el caso de Nestar”, apunta, refiriéndose a la ya en marcha en Madrid y en la que participan “cientos de vecinas”. Ahora mismo, apunta, “es el fondo buitre el que se está viendo acorralado”.

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