Juan Carlos I ya no es inimputable. De ahí que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido investigarle por el papel que jugó en la adjudicación a empresas españolas durante la construcción del AVE a La Meca. Un proceso judicial que se centrará en su implicación desde junio de 2014, fecha en la que abdicó y en la que, por tanto, dejó de estar protegido por la Constitución española como jefe de Estado.

Pero este no es el único frente abierto para el rey emérito. Esta noticia ha saltado a los medios pocas horas después de que la que fue su íntima amiga, la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, haya concedido una reveladora entrevista en la que anuncia su intención de tomar medidas legales por una serie de “amenazas”. Según asegura en el programa ‘360 grados’ de ETB2, estos últimos ocho años ha sido víctima de una “campaña franquista” en la que implica directamente a “ciertas personas dentro de los servicios secretos españoles y la casa real”.

Estas palabras van en la misma línea de lo que apuntó en marzo de este año cuando la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña vinculada a Juan Carlos I. Ya por entonces confirmó esta demanda dirigida al rey emérito. Y esta vez sus declaraciones han ido a más.

“He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante. Estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones”, ha manifestado, asegurando que se siente “amenazada” después de ver cómo sus domicilios personales han sido “forzados”, le “han enviado mercenarios”, y se han apropiado de “documentos personales”. Todo, tal y como precisa en esta entrevista para la televisión pública vasca, formaría parte de “una campaña de desinformación muy extensa en los medios de comunicación” cuyo único objetivo sería el de destruir su reputación.

Además, en esta entrevista para el espacio de investigación que presenta Eider Hurtado, Corinna comenta que se ha comunicado en más de una ocasión con la casa real “a través de canales formales para pedirles que pongan fin a la campaña de abuso”. El tiempo le ha demostrado que todos estos pasos “han caído en oídos sordos”, una decisión que para la empresaria “habla por sí sola” porque, desde su punto de vista, “está en poder de la familia real detener esto y han decidido no hacerlo”.