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Cuatro meses después del fin del juicio contra Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido y padre de sus dos hijos, Josep Santacana, por un presunto delito de alzamiento de bienes, el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona ha emitido la esperada sentencia. El texto, al que han podido acceder distintos medios de comunicación, como la agencia Europa Press, recoge la decisión judicial, que condena a ambos a penas de cárcel y contra la que cabe recurso. La justicia investigaba a la expareja por haber ocultar bienes para librarse del pago de una deuda millonaria contraída con el Banco de Luxemburgo. Este es el camino personal y judicial que les ha llevado hasta aquí.
Dos años de cárcel ha sido la pena impuesta por el mencionado órgano judicial a la extenista, que había reconocido los hechos durante el proceso, en un pacto con la Fiscalía y la acusación entre acusaciones de su expareja. Pena que previsiblemente, Sánchez Vicario no tendrá que cumplir, ya que la propia sentencia declara la suspensión de la misma: no ingresará en prisión si no comete otros delitos en los próximos dos años.
Por su parte, el empresario se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel, tras haberse declarado inocente para intentar ser absuelto. El juzgado entiende que está "sobradamente acreditado" que Santacana era quien gestionaba el patrimonio de su mujer, y que fue él quien "ideó y llevó a cabo las operaciones de despatrimonialización". Su posible ingreso parece improbable, pero el texto no dice nada al respecto. Además, ambos deben indemnizar a la citada entidad por valor de 6,6 millones de euros, esto es, la deuda más los intereses.
La noticia pone fin, por el momento al menos a falta de saber si las partes recurrirán la decisión, a un proceso que se remonta a hace ya años, desde que Arantxa decidiese, allá por finales de la década de los 80, fijar su residencia en Andorra. Hacienda investigó a la deportista por ello, y finalmente,, se acabó considerando que residía realmente en Barcelona, por lo que acabó siendo condenada al pago de multa de varios millones de euros.
De cara a hacer frente al pago de la cantidad, Sánchez Vicario pidió un aval bancario al Sabadell, que sería contraavalado por el Banco de Luxemburgo, entidad en la que acumuló la fortuna acumulada durante su trayectoria deportiva,. Cuando el banco quiso reclamar judicialmente el pago de la cantidad, se encontró con que Arantxa era insolvente. El patrimonio parecía haber desaparecido, y se dio inicio entonces al proceso judicial al que ha puesto fin ahora la sentencia contra la expareja.
La batalla judicial ha corrido paralela a la situación personal entre Arantxa y Josep. Ambos se conocieron en 2007 por un amigo en común y, en sus propias palabras, lo suyo fue un "flechazo". Por entonces, la catalana se había divorciado ya de su primer marido. Santacana nunca fue del agrado de la familia Sánchez Vicario, que llegó a contratar un detective para contrastar su dudosa reputación como empresario, descubriendo que estaba inmerso en varios procesos judiciales.
Esto produjo una ruptura entre Arantxa y su familia, oponiéndose a la boda que llegaría en 2008 y consiguiendo, al menos, que firmara unas capitulaciones matrimoniales posteriormente. La pareja se mudó a Miami, donde formaron una familia con los nacimientos de sus dos hijos, Arantxa y Leo. La tenista acusaría a su familia, con el tiempo, de una supuesta mala gestión de las ganancias obtenidas con su carrera, culpando a sus padres y su hermano.
En 2018 llegaría el divorcio y el último giro de la historia: la barcelonesa acabó dando la razón a sus padres (aunque su progenitor había fallecido ya sin que hubiese habido reconciliación), mostrando arrepentimiento. La ruptura no sería amistosa y derivaría en otra batalla judicial por la custodia de sus dos hijos. Sánchez Vicario acabaría declarando que su "único error" fue enamorarse y confiar en una persona que se la jugó, en sus propias palabras, toda vez que ella misma había nombrado a Santacana apoderado de sus empresas y gestor de su patrimonio.