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Pese a su intención de pasar a un segundo plano fijando su residencia en Emiratos Árabes -donde le han visitado sus hijas- y dejarle el peso de la corona a su hijo, el rey Juan Carlos I ha vuelto a ser protagonista por sus actuaciones del pasado. Magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción que tampoco están ya en activo, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas han presentado una querella criminal contra el rey emérito por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos en las declaraciones tributarias correspondientes entre los años 2014 y 2018.
Según los querellantes, a pesar de que el padre del actual rey intentó subsanar la situación con posterioridad, esta no se haría hecho de manera correcta. Ellos explican que las dos regularizaciones fiscales que Juan Carlos I presentó en el año 2020 y 2021, con el pago de más de 600.000 euros, y en 2021, con el pago de casi 4,4 millones de euros, no cumplen con los requisitos legales porque se habrían efectuado cuando ya se le había notificado en dos ocasiones sobre una investigación abierta contra él por hechos con "relevancia tributaria".
Más en detalle, el magistrado retirado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, uno de los querellantes ha afirmado en el programa 'La hora de la 1' que desde la primera notificación, hasta la primera regularización que se realizó pasan siete meses. "Para que la regularización surta sus efectos despenalizadores tiene que producirse antes de la notificación de inicio de actuaciones por la Agencia Tributaria", detalla el comunicado emitido por los magistrados, según explica RTVE.
Otro detalle de especial relevancia, es que los hecho denunciados se habrían cometido, presuntamente, tras la abdicación de Juan Carlos I en su hijo, por lo que el emérito ya habría perdido su condición de inviolabilidad, la cual le fue otorgada por los tribunales de nuestro país al interpretar la Constitución.
En el comunicado emitido por los querellantes se subraya la no conformidad de estos contra el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado, que aprobó las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I sobre sus finanzas en 2022. En el mismo texto, se recuerda también la potestad que tienen los diferentes órganos judiciales para determinar "si la regularización es correcta o por el contrario, [tal y como sostienen], no se ha ajustado la legalidad". Esto, al margen de la opinión del Ministerio Fiscal.
El texto hace hincapié en este punto: "En nuestro sistema procesal la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular". Teniendo en cuenta todo esto, los querellantes piden que el rey emérito sea llamado a declarar y que se interrogue a diferentes representantes de sociedades y fundaciones que abonaron gastos de Juan Carlos I, o gestionaron su fortuna en el extranjero, según explica RTVE en su web. Entre ellos estaría, según el citado medio, el presidente de la Fundación Zagatka, propiedad del primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans.
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